Dejemos algo en claro: como entidad, desde nuestra creación en 1912 venimos pidiendo por políticas públicas que permitan y faciliten el acceso a la tierra, en especial a los pequeños y medianos productores, a los agricultores familiares y a los campesinos. De hecho, en los últimos meses, en el marco del ASPO hemos presentado en reiteradas oportunidades al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, la idea de avanzar en la creación de un banco de tierras similar al que existe en Uruguay. Es decir que estamos convencidos como sujetos, pero especialmente como organización gremial representativa de los productores más chicos, de que el camino es buscar mecanismos para facilitar el acceso a este tan preciado bien.
Sin embargo, creemos que estos procesos deben ser por la vía legal. Deben existir políticas públicas capaces de reasignar y permitir a través de créditos blandos o accesibles que tierras ociosas, como pueden ser algunas de las que maneja el Estado, puedan ser utilizadas y entregadas a través de distintos mecanismos, a los agricultores más chicos. O como hace Uruguay, que otorga las tierras en accesibles arriendos… esos son para nosotros los caminos a transitar. La vía de la legalidad, el de las políticas consensuadas, progresistas y tendientes a garantizar una creciente igualdad para todos los sujetos. Y no el de la ilegalidad, el del arrebato ni el del delito.
Porque los casos que proliferan son de personas que (probablemente movidas por organizaciones políticas que se aprovechan de sus necesidades) toman campos o predios que tienen dueños, arrebatándoles su propiedad privada, argumentando derechos que no tienen. Ya lo dice el refrán popular: el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Y en este caso, quien no tiene no puede arrebatarle ilegalmente al que sí. No se pueden desconocer los derechos de propiedad ni volver a una barbarie en la que la ley sea el uso de la fuerza.
También debemos aclarar que, más allá de los esfuerzos que pueden hacer algunos, interesados en personalizar este conflicto, hay una preocupación general, genuina y real entre los productores de todo el país, que es resultado del temor que sienten por saber que están solos ante los delincuentes, pero también desprotegidos y a merced de la inacción de un Estado que debiera velar por su seguridad y la protección de sus derechos, y brilla por su ausencia.
Estamos en democracia y debería regir el estado de derecho y la plena vigencia del contrato social. Nadie debería estar preocupado porque le tomen la casa o el campo en el que produce; porque se supone que el Estado a través de las leyes, la justicia y el poder Ejecutivo debería velar por el respeto a esa propiedad, buscando, mientras tanto, formas de dar respuesta a quienes tienen necesidades.
Desde Federación Agraria Argentina estamos convencidos de que se debe avanzar en una agenda que permita resolver de manera legal, legítima, consensuada y ordenada las demandas de tierras para vivienda, así como también el acceso a las mismas de quienes muestren voluntad de producir. Desde siempre hemos pedido por la democratización de la propiedad de la tierra y su tenencia, a través de leyes de arrendamiento, contratos, la creación del banco de tierras. Como entidad hemos presentado al Congreso de la Nación varias iniciativas en este sentido, y se las hemos expresado a los funcionarios de distintos colores políticos a lo largo de nuestra historia. Esto es, creemos que hay que hacerlo por medio de las leyes, respetando el estado de derecho y buscando soluciones para quienes las necesitan.
De ninguna manera podemos convalidar el delito, el arrebato, las usurpaciones, la violencia ni ningún otro procedimiento similar. Y como les hemos pedido a las autoridades, en especial al ministro Basterra y a su par, Frederic, se necesita que el gobierno se pronuncie y actúe con mucha contundencia en este sentido, para que nadie tenga dudas respecto de cuál es el camino a seguir.
