Durante el encuentro, se precisaron las propuestas elaboradas por la entidad, que incluyen políticas públicas específicamente enfocadas en el desarrollo integral de los agricultores familiares y pequeños productores que nuclea FAA, que se suman a las iniciativas que ya viene presentando la entidad tanto en el ámbito legislativo como ante los diferentes organismos del Estado.
“En el marco de lo dispuesto por nuestro Consejo Directivo Central, y como resultado de un trabajo de investigación desarrollado gracias al Programa Diálogos para Transformaciones Rurales (PDRT) del FIDA que llevamos adelante en COPROFAM, hoy sumamos a las históricas propuestas de políticas públicas elaboradas por FAA una serie de iniciativas enfocadas en los agricultores familiares, que tan postergados han sido. Vamos a seguir proponiendo a todos los gobiernos incansablemente las políticas acordes para generar arraigo y bienestar para nuestros representados y los agricultores en general”, señaló Achetoni luego de su presentación.
Las propuestas federadas se articulan en torno a tres ejes: acceso al financiamiento para la agricultura familiar (AF); acceso a mercados, canales de comercialización de los productos de la AF y compras públicas y política de tierras. Todas ellas se sustentan en el Plan de Acción Mundial impulsado en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar.
Síntesis de las propuestas para la AF de FAA
En cuanto a acceso al financiamiento para la AF, FAA propone lo siguiente, para establecer una verdadera política pública diferenciada de financiamiento de las actividades productivas y comerciales para la AF de la Argentina:
• Inclusión financiera de la agricultura familiar y sus organizaciones, que establezca un programa de mediano plazo financiado por parte de de las instituciones de cooperación financiera con proyectos de desarrollo en la República Argentina (BID, BM, CAF, FIDA, FONPLATA), para asegurar la mayor conectividad de datos posible en las diferentes regiones, provincias y territorios; estimular la producción de aplicaciones nacionales, por parte de las empresas tecnológicas nacionales, para que las entidades financieras, puedan establecer una comunicación permanente y directa con sus “clientes”; impulsar la inclusión financiera para el pago a proveedores, el cobro de la producción con los agentes comerciales y/o industriales, cobro y pago de beneficios y obligaciones con el Estado, consumo familiar, compras “online”, etc; llevar a cabo actividades presenciales y virtuales de capacitación en el uso de estas herramientas, a cargo de especialistas del INTA y ENACOM, en el uso de TICs.
• Que se establezca una política del BCRA para los encajes bancarios que permitan llevar adelante una política que posibilite que haya más recursos financieros para atender las necesidades crediticias de la AF. Esto permitiría que los Bancos, tanto públicos como privados, y otras entidades financieras reguladas por el BCRA, puedan liberar hasta un 20 % de sus encajes en dólares (que son de un 70 %), para que dichos fondos puedan ser aplicados (en pesos argentinos) a financiar diversos instrumentos crediticios a la AF, avalados técnicamente por el MAGYP.
• Propone que existan créditos supervisados, que con la participación del INTA y las organizaciones de la AF, en particular las socias de la FAA, a través de la cual la SAFCI, establecerá un programa de créditos locales, o provinciales, para otorgar a la producción familiar registrada en el RENAF, financiamiento para llevar adelante planes de producción, por zafra o campaña, anuales o hasta tres años.
• Que se conforme un fondo Especial para el estímulo a los créditos para la producción e inversiones de la AF y se establezcan líneas de créditos orientadas a mujeres rurales emprendedoras y a jóvenes rurales.
• Que se implemente un sistema de garantías para la AF (SIGAAF) que funcione en el ámbito institucional del FOGAR, pero con un reconocimiento especial y un funcionamiento financiero autónomo.
• Implementación de créditos a valor producto, cuando éstos van dirigidos a financiar inversiones que permitan al productor expandir la producción de un rubro particular, o aumentar la productividad y/o calidad de los productos del mismo, a partir de nuevas tecnologías de producto/proceso recomendadas por el INTA.
• Créditos para promover la capacidad exportadora de la AF y sus organizaciones, asignados por la banca pública, orientados a financiar inversiones indispensables para asegurar la exportación de productos de origen agropecuario y/o agroalimentario, que contemplen plazos de amortización del capital prestado, no menores a 7 años, con 2 años de gracia.
Serán destinatarios todos los agricultores familiares, que figuren en el RENAF. Y FAA solicita que el MAGyP se comprometa a asegurar, a partir de enero 2022, una coincidencia de al menos el 85% del padrón de productores familiares, registrados y activos en el RENAF, con los resultados del Censo Agropecuario Nacional de 2018, y mantener dicha correlación siempre en un indicador entre el 85 y el 90% en el futuro, para los sucesivos censos.
En cuanto a acceso a mercados, canales de comercialización de los productos de la AF y compras públicas, para fortalecer la institucionalidad pública, apoyar la asistencia técnica y los servicios de extensión, propiciar la inclusión financiera y el financiamiento rural y fomentar el asociativismo y el capital social. FAA propone lo siguiente:
• Elaboración de un programa de Sistemas Agroalimentarios de la AF para la producción de los alimentos básicos de la población, integrado con múltiples proyectos.
• Diseño e implementación de una plataforma digital para la comercialización de alimentos de la AF: desarrollo y promoción de una herramienta digital de comercio online que tendrá como objetivo principal la vinculación entre el agricultor familiar y el consumidor final, en el marco de un circuito corto de comercialización, garantizando así una relación entre oferta y demanda sustentada en los principios del Comercio Justo.
• Implementación de un Sistema de Servicios de Certificación (SSCAF) a través del cual FAA, en articulación con organismos nacionales como el INTA y SENASA realizará un trabajo a nivel nacional para certificar los procesos de producción de sus asociados y de esta forma dar un salto cuantitativo en la venta de la producción de alimentos en fresco, como así también con valor agregado.
• Compras públicas: Se propone la creación de un grupo de trabajo para identificar, entre afiliados a la Federación Agraria Argentina y otras OAFs, agricultores con capacidad de ofrecer productos en calidad y cantidad necesarias para organizaciones locales como Hospitales, comedores, escuelas, etc.
Por último, en relación con la política de Tierras, FAA propone la creación del Banco de Tierras de la Agricultura Familiar (BTAF), convencida de que las políticas sobre uso y tenencia de la tierra, deben ser la base de una propuesta integral de desarrollo productivo, social y económico de la AF como modelo agropecuario de arraigo en el interior de la Argentina.
• La iniciativa de FAA prevé que el BTAF será el encargado de ejecutar las políticas de acceso y tenencia de la tierra para para la producción familiar, en todo el territorio nacional.
• Luego de creado el Registro que establece la Ley 27.118, el Poder Ejecutivo Nacional capitalizará al BTAF, otorgándole la titularidad de las tierras provenientes de las instituciones y organismos federales, obligados a denunciar las tierras fiscales federales, bajo su propiedad y ponerlas a disposición del banco, bajo su titularidad. Podrá también manejar tierras en administración de Provincias y otras instituciones con las que acuerde planes y/o programas de desarrollo en cada caso, respetándose la soberanía provincial.
• A partir de la reglamentación de la Ley 27.118 y la creación el BTAF y su plena vigencia, el banco dispondrá de como máximo un año para establecer un registro inicial de potenciales destinatarios de las tierras con destino productivo.
• Se promoverá que los adjudicatarios de las tierras reciban asistencia del INTA, para el diseño de un Plan de Explotación que se inserte en un Plan de Desarrollo Nacional o Provincial si existiere.
